Concha Diéguez Jaka

"Concha Diéguez Jaka, de 85 años, no quiere abandonar este mundo sin dar una sepultura digna a su padre, Claudio Doroteo Diéguez Loza, fusilado en Alsasua el 14 de septiembre de 1936 y enterrado, según diferentes testimonios, en una fosa común en Sorozarreta, cerca de la muga con Gipuzkoa. Para ello, ha hecho y sigue haciendo lo imposible, una lucha en la que se ha encontrado con un gran muro institucional.

“He acudido a todas las instancias oficiales. He escrito a los dos reyes, al Papa, a Rajoy, a Gallardón, a la Barcina, en tres ocasiones; a la delegada del Gobierno... La mayoría no me han contestado y si lo han hecho, ha sido para decirme que acuda a otras instancias. No me queda otra que recurrir al Tribunal de Estrasbugo”, apunta. “Mi madre murió con la pena de no haber recuperado sus restos. Yo lucharé mientras pueda”, asegura.

Concha Diéguez, natural de Etxarri Aranatz, es la tercera de los cuatro hijos de Claudio Doroteo Diéguez Loza y Francisca Jaka Mendiola. Su padre era oriundo de San Asensio y trabajaba de fogonero en el ferrocarril en Miranda de Ebro. “Tenía pedido traslado para Alsasua. Se lo concedieron, ascendiéndole a maquinista. Aquel día estaba trabajando en Miranda, desde donde lo mandaron traer para matarlo” recuerda su hija. Afiliado de la CNT, le acusaban de pegar carteles en 1934 en contra de las matanzas en Asturias así como de hacer campaña a favor del voto de la mujer en las elecciones.

Tras su muerte, la familia se trasladó de Etxarri Aranatz a Alsasua. “Fuimos represaliados y marginados. Se nos quemó la casa y nadie nos quería alquilar otra. También nos envenenaron las gallinas y los cerdos. Fue unos años muy duros”, recuerda. Si bien la mayoría de la familia se asentó en Alsasua, Concha Diéguez fue a Pamplona, dónde comenzó a trabajar con 15 años en el Hospital de Navarra. En la capital navarra se casó y tuvo tres hijos. Enfermera jubilada, en la actualidad reside en Berriozar.

“Supimos dónde estaba enterrado mi padre diez años más tarde, en 1946. En Etxarri había un hombre que había sido requeté y del que mi madre sospechaba que era el responsable de la muerte de su marido. Cuando se cruzaba con él siempre le decía algo”, recuerda. “Un día se quedó hablando con mis hermanos y les dijo que había sido su primo. También les indicó que estaba en Sorozarreta y que a cambio de delatar y matar, les daban trabajo”, apunta Concha Diéguez.

Pero entonces no pudieron averiguar mucho más. “La gente tenía miedo a hablar. Por diferentes circunstancias, perdimos la vista”, explica. Más de medio siglo después, en 2002, y ya miembro de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, reanudó la búsqueda. “Gracias a la alcaldesa de entonces, Camino Mendiluze, a quién le pedimos que averiguarse algo por los caseríos de la zona, supimos que a los pocos días unos perros desenterraron dos o tres cadáveres, y que se los estaban comiendo. Mataron a los perros y los volvieron a enterrar”, señala.

Entonces también les dijeron que en los años 70, cuando se realizaron obras para la ampliación de la carretera, los obreros que estaban trabajando se encontraron restos humanos. Los pusieron a la misma altura que dónde los encontraron y echaron encima grava y asfalto. Casi todos los vecinos coincidían en un punto, por lo que en 2010 Concha Diéguez consiguió, con la ayuda de Aranzadi, que se pasara un georradar. Pero el resultado fue negativo.

Hace unas semanas, Concha Diéguez se reunió en Alsasua con Cecilio Oyarbide, pastor que vive en la zona con el fin de delimitar el lugar donde se ubicaría la fosa. Al encuentro también acudieron miembros de la Asociación de Fusilados de Navarra así como los alcaldes de Alsasua, Etxarri Aranatz y Berriozar, además de familiares. La fosa se ubicaría junto al kilómetro 401 del antiguo trazado de la N-1, en el término municipal de Alsasua. En la actualidad es la NA-1000.

En busca de apoyo institucional, Concha Diéguez presentó en los ayuntamientos de Alsasua, Etxarri Aranatz y Berriozar una moción en la que se instaba al Gobierno de Navarra la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar a los familiares de las personas asesinadas como consecuencia del golpe militar del año 36 su derecho a exhumar a sus familiares y darles una sepultura digna, tal y como establece la Ley Foral 33/2013.

Al respecto, Concha Diéguez recuerda que dicha ley establece la obligación del Gobierno de Navarra de dar el apoyo económico, técnico y humano necesario en todo el proceso de investigación y exhumación, corriendo los gastos de dicha actividad a cargo del Ejecutivo foral. No obstante, desde el Gobierno le remiten a las asociaciones de familiares de fusilados y desaparecidos existentes en Navarra, tal y como consta en la contestación del consejero de Presidencia, Justicia e Interior. “Saben de sobra que hace años que las asociaciones no tienen subvenciones”, señala, al tiempo que asegura que llegará hasta el final, si la salud le acompaña. “No pararé hasta hacer justicia y que mi padre pueda descansar junto a los suyos”, apunta. Lo cierto es que tesón no le falta y ya está pensado los próximos pasos a llevar a cabo".

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23-3-2015                          

(resumen)